22-11-2021

 

INEMBARGABILIDAD DEL SALARIO, LOS HONORARIOS Y LAS PENSIONES

 

 

La normatividad laboral colombiana pregona la inembargabilidad frente a unos derechos consagrados a favor de los trabajadores, tales como el salario mínimo legal mensual vigente, las prestaciones sociales y las pensiones.

 

Así, el artículo 154 del Código Sustantivo del Trabajo establece la regla general al respecto, según la cual “…No es embargable el salario mínimo legal o convencional…” y lo que excede del salario mínimo mensual legal o convencional “…solo es embargable en una quinta parte…”, disposición impuesta por el artículo 155 del Código Sustantivo del trabajo.

 

Pero se establecen dos excepciones, en el artículo 156:

 

“…Todo salario puede ser embargado hasta en un cincuenta por ciento (50%) en favor de cooperativas legalmente autorizadas, o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con los artículos 411 y concordantes del Código Civil…”

 

Entonces al llegar el oficio de un Juzgado, en el que se ordena el embargo en contra de algún trabajador, se debe separar los ingresos que constituyen salario y los que no, ya que la norma solo habla de la inembargabilidad del “salario”, por lo tanto, los ingresos que no constituyen salario, contenidos en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo son embargables.

 

En cuanto a las prestaciones sociales, el artículo 344 determina que:

 

“…1. Son inembargables las prestaciones sociales, cualquiera que sea su cuantía.

 

2. Exceptúanse de lo dispuesto en el inciso anterior los créditos a favor de las cooperativas legalmente autorizadas y los provenientes de las pensiones alimenticias a que se refieren los artículos 411 y Concordantes del Código Civil, pero el monto del embargo o retención no puede exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor de la prestación respectiva…”

 

Pero qué pasa cuando un Juzgado ordena embargar los honorarios de un contratista.?

 

La Corte Constitucional, en la sentencia T-725 de 2014, consideró que las medidas cautelares buscan asegurar el pago de una obligación, pero que deben hacerse efectivas amparando los derechos fundamentales al mínimo vital y la vida digna:

 

“…De esta manera, si bien es cierto que no se debe presumir la afectación al mínimo vital del contratista con ocasión del embargo de sus honorarios, cuando este acredita siquiera sumariamente que esta es su única fuente de ingresos, se debe (i) evitar el embargo total o parcial de dicha acreencia cuando es inferior al salario mínimo legal mensual vigente; (ii) restringir el embargo hasta la quinta parte del monto que excede el salario mínimo, y (iii) permitir el embargo de hasta el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios únicamente cuando se busca el pago de deudas contraídas con cooperativas legalmente autorizadas, o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con los artículos 411 y concordantes del Código Civil…Dando aplicación a esta regla, diferentes Salas de Revisión de esta Corporación han hecho extensiva la protección del salario del trabajador a los honorarios de los contratistas cuando su sostenimiento económico depende directamente del pago de dicha prestación. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-309 de 2006 se consideró que el embargo del cien por ciento (100%) de los honorarios de una persona vulneraba su derecho fundamental al mínimo vital pues de estos dependía su sostenimiento y el de todo su núcleo familiar. A este respecto, señaló:

 

 

“Si bien resulta razonable, en abstracto, no hacer extensivas las normas laborales que restringen el porcentaje en que puede ser embargado el salario de un trabajador, al caso del embargo de honorarios que se perciben como retribución de un contrato de prestación de servicios, el juez no puede dejar de lado las circunstancias concretas del asunto sometido a su juicio, so pena de tomar una decisión que resulte desproporcionada y, en consecuencia, lesione los derechos fundamentales de las partes. Esto fue lo que ocurrió en el presente asunto, pues la peticionaria se encontraba, al momento del decreto del embargo del 100% de sus honorarios, como responsable exclusiva de la subsistencia de su núcleo familiar conformado por su esposo y sus dos hijos menores de edad, en tanto su esposo se encontraba desempleado. Entonces, se reitera, no era válido a la luz de los principios constitucionales, embargar la totalidad de los ingresos mensuales con los que contaba una familia para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, educación, servicios públicos domiciliarios, etc. Ello es así, en consideración a que en un Estado Social de Derecho, las autoridades públicas deben propender por la protección de los derechos de los administrados, sin que estos se vean en la necesidad de acudir a la acción de tutela por la vulneración de estos derechos.”

 

 

Posteriormente, en la Sentencia T-788 de 2013, la Sala Tercera de Revisión se ocupó del caso de una contratista a la que, por no haber cumplido con la totalidad de sus obligaciones tributarias, sus honorarios le fueron embargados en un proceso administrativo de cobro iniciado por la DIAN. A pesar de constatar que el juez que decretó la medida cautelar respetó las restricciones legales relacionadas, encontró que este no tuvo en cuenta que los honorarios embargados representaban la única fuente de sostenimiento del núcleo familiar de la actora y, por ende, vulneró su derecho fundamental al mínimo vital. Al abordar el caso concreto, señaló lo siguiente:

 

 

“Si bien tanto el salario como los honorarios buscan retribuir el trabajo realizado, se diferencian en que el primero se enmarca en una relación contractual en la que existe subordinación y exclusividad, elementos que no se presentan en los segundos; en ese orden, desde una perspectiva lógica estas dos clases de remuneraciones son asimilables para efectos de la aplicación de restricciones al decreto de medidas cautelares, cuando una persona perciba honorarios producto de un único contrato del cual derive su subsistencia y agote la totalidad de su tiempo en el desarrollo de éste, pues las consecuencias del embargo de su fuente de ingresos serían equivalentes a los perjuicios que sufrí[ría] un trabajador si fuera afectado su salario. En resumen, en los eventos en los que se decrete el embargo de honorarios, y estos puedan ser asimilables al salario, el ciudadano afectado puede acudir ante la autoridad pública y colocar de presente su situación, la cual deberá ser atendida y resuelta teniendo en cuenta si la medida cautelar vulnera sus derechos fundamentales, debiéndose limitar o levantar según sea el caso, ya sea aplicando una excepción de inconstitucionalidad, conforme al Artículo 4 superior, o una analogía legal…”

 

Se hace extensiva la protección salarial a los contratistas, sí se trata del único ingreso, ya que los perjuicios serían equivalentes a los de un trabajador que le embarguen el salario mínimo. 

 

En cuanto a la pensión, es inembargable, en principio, ya que se constituye en el único sustento de las personas a las que se les concedió. Sin embargo, como está regulado para las prestaciones sociales, el Código Sustantivo del Trabajo, permite su embargabilidad hasta el 50% de la mesada pensional, por orden judicial, en dos eventos: a favor de un crédito de una cooperativa o de una pensión alimenticia.

 

La Corte Constitucional, en la sentencia T678 - 2017, consideró:

 

 

“…El ya citado artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo, encuentra su fundamento en los artículos 46 y 53 de la Constitución. Por medio de dichas disposiciones, el ordenamiento constitucional procura la protección al mínimo vital de los pensionados, incluso de forma prevalente frente a las cargas económicas de las cuales son titulares. Precisamente son aquellos recursos provenientes de la mesada pensional, los que a priori garantizan la satisfacción de sus condiciones básicas de subsistencia del individuo. Ese fundamento constitucional que subyace a la regla general de inembargabilidad de las mesadas pensionales debe irradiar también las excepciones que permiten la eventual posibilidad de realizar embargos sobre esta prestación social. Por ende, una interpretación de las disposiciones legales anteriormente transcritas exige que el juez tome en consideración la situación fáctica del afectado y decrete el monto del embargo de manera que no comprometa su mínimo vital.

105.  Con base en lo anterior, esta Sala entiende que la interpretación constitucionalmente aceptable del artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo implica, por una parte, que el cincuenta por ciento es el monto máximo del embargo, mas no se trata de un monto único y obligatorio. Ello implica que la decisión de un juez de decretar el embargo a una mesada pensional a favor de cooperativas exige siempre un análisis del caso concreto a la luz de la proporcionalidad, teniendo en cuenta las condiciones del embargado, para efectos de que nunca se vulnere su mínimo vital. Un embargo que resulte desproporcionado frente al mínimo vital, será contrario a la Constitución…”

 

 

Yanneth Cristina Castro Albañil

Editora laboral de www.consultorcontable.com

yanneth.castro@hotmail.com